Escribe Adolfo Santos

Después de una intensa campaña con la participación de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la jueza federal María Servini firmó la excarcelación de Daniela Calarco, integrante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, detenida durante la cacería policial del 12 de junio en las manifestaciones contra la Ley Bases. Después de casi tres meses de detención, donde sufrió todo tipo de maltratos e incluso ser considerada “terrorista” por Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio fiscal Carlos Stornelli, la jueza acabó firmando su libertad.

Sin dudas la excarcelación de Daniela, detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, es un triunfo de la movilización y de la amplia solidaridad que rodeó esta causa por la que aún continúa detenido el compañero Roberto de la Cruz Gómez. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo Daniela al recuperar su libertad, indicando que el proceso continúa abierto. Es la dura pelea abierta entre un gobierno de ultraderecha y represivo contra los que luchan. Apalean a las y los jubilados, encarcelan activistas, retiran derechos y atacan el nivel de vida de la clase trabajadora, por eso no vamos a bajar los brazos.

Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos decía: “Cambió el contexto político desde que la Justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Lourdes Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal y abrió una brecha a nuestro favor. Pero todavía queda un detenido de la represión del 12 de junio, el compañero Gómez y tenemos que sumar todas las fuerzas para conseguir su libertad”.

Hay una campaña orquestada por el gobierno, las fuerzas represivas al mando de Bullrich, los servicios de inteligencia y una justicia al servicio de los ricos que se propone desmoralizar a los que luchan para vulnerar el derecho a la protesta y a las libertades democráticas. Protestar no es un delito, por eso continuaremos manifestando contra el brutal ajuste perpetrado por este gobierno ultraderechista. Ellos necesitan de la represión para pasar sus planes, nosotros de la más amplia unidad de acción contra la criminalización de la protesta social.

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, quien buscó y encontró a su hermana nacida en un centro clandestino de detención y tortura.
 
El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) mediante la firma del decreto presidencial 727/2024 tiene como objetivo terminar con la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta política, sumada al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos en los Sitios de la Memoria y la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas, muestra la intención negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que buscan la impunidad para quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad.

Con la firma de este decreto, la CoNaDI no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de las niñas y niños apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen llevando adelante hace cuarenta y siete años. Desde hace meses, el gobierno de Milei viene urdiendo una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la CoNaDI. En mayo de este año, la ministra Patricia Bullrich se sumó a la maniobra vil descalificó la labor de la CoNaDI argumentando que se trataba de un organismo ideologizado. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto para sacarle a la CoNaDI las facultades que tenía desde hace veinte años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. El decreto 727/2024 viene a coronar una continuidad de políticas que primero se concibieron como negacionistas de la última dictadura militar, luego colaboracionistas de la impunidad y hoy pueden ser consideradas como reivindicatorias de los crímenes de Lesa Humanidad.

Nos sumamos a la denuncia de estas políticas crueles y revanchistas que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villaruel. Exigimos la reapertura de la UEI de la CoNaDI y reclamamos que se abran los archivos para saber qué hicieron con los cientos de niñas y niños a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.

La protesta contra la implementación de la Ley Bases que produjo la detención de treinta y tres compañeras y compañeros, fue una demostración más del carácter represivo de este gobierno. Con mucha lucha, manifestaciones y denuncias de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, conseguimos la liberación de la mayoría de ellos, pero aún quedan dos detenidos de ese proceso, la compañera Daniela Calarco y el compañero Roberto Gómez.

Hay una campaña unitaria por su liberación que debemos ampliar y fortalecer. La libertad de esxs dos compañerxs detenidos es un desafío que debemos asumir las organizaciones que luchamos por la ampliación de derechos en momentos que el gobierno sigue la campaña contra las organizaciones sociales y piqueteras. Además, hay una ofensiva con el cambio de leyes, como en CABA, donde se aprobó la ley de reiterancia, proyectos para acabar con las manifestaciones o la baja de la edad de imputabilidad al estilo Bukele.

En la propia Ley Bases, hay disposiciones contra los bloqueos en lugares de trabajo y en el Congreso se da la discusión de declaración de esencialidad en la docencia para atacar el derecho de huelga. Por eso es que están destinando un presupuesto millonario a la nueva SIDE. Necesitan imponer la represión para poder aplicar el brutal ajuste ordenado por el FMI. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus), estaremos al frente en la lucha contra estas políticas represivas y por la libertad de lxs detenidxs por luchar.

La semana pasada, nuestra diputada nacional y dirigente ferroviaria Mónica Schlotthauer, que junto a la bancada del FITU acaba de presentar un proyecto de ley para anular el decreto de Milei que crea la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), visitó el Penal de Ezeiza junto a otrxs compañerxs, para ver a Daniela -militante del MTR Votamos Luchar-, que se encuentra detenida ilegalmente desde el 12 de junio. Además de manifestarle nuestra solidaridad en este difícil momento que viene soportando con mucha entereza, la visita sirvió para informarle las actividades que se están desarrollando por su liberación.

En ese sentido, se ha formado la Coordinadora x la Libertad de lxs Presxs por Luchar, de la cual participamos desde Izquierda Socialista y el Fadhus. En la reunión realizada el martes 22 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales, se resolvió una serie de medidas tanto de carácter jurídico como de actividades cuyos ejes centrales son “Libertad a Roberto Gómez y Daniela Calarco”, “Protestar no es delito” y “Por el cierre de todas las causas”. Sumate a esta campaña hasta conseguir la libertad de lxs detenidxs.

  
Daniela Calarco 

 
Roberto Gómez

Festival en Plaza de Mayo por la libertad a las y los presos por luchar


A días de la manifestación contra la Ley Bases, miles concentraron en Plaza de Mayo por la libertad de las y los presos


La diputada Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista en la visita a Daniela Calarco en la carcel de mujeres de Ezeiza


La Coordinadora x la Libertad de lxs Presxs por Luchar viene realizando actividades contra la criminalización de la protesta

Foto de portada: Festival en plaza de Mayo y Daniela Calarco, única mujer que permanece detenida

Escribe Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en audiencia el accionar del Ministerio de Seguridad de Bullrich por la escalada represiva y las detenciones ilegales durante las manifestaciones del 12 de junio contra la Ley Bases. Repudiamos esta política represiva con que el gobierno pretende amedrentar a los que luchan.

Correctamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el protocolo antipiquete y expresaron que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y atacaron el argumento oficial, usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”. De la misma forma se había expresado el CELS: “Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.

A un mes de cumplirse las injustas detenciones por la movilización de la Ley Bases, gracias a la lucha colectiva, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de Cristian Valiente y David Sica, aunque siguen procesados. Sica, que vive en situación de calle, ni siquiera había ido a la manifestación, ya que quedó en medio de un cruce policial mientras cruzaba la calle para ir a una iglesia a buscar comida.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que integran la Sala, coincidieron en desechar la acusación por “intimidación pública”. Sin embargo, fallaron de manera distinta. Trascendental fue el voto en disidencia de Boico, donde el juez señaló que debía ordenarse la libertad de todxs los detenidxs, argumentando que hubo una clara persecución y criminalización contra los manifestantes: “Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático”.

Sin embargo, la cacería represiva orquestada por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia con sus infiltrados que le permitió “armar” las causas al fiscal Stornelli, hace que aún siguen detenidxs Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez en cárceles de máxima seguridad. Desde Fadhus, como defensa técnica de Daniela, vamos a ir hasta Casación apelando por la inmediata libertad. Junto a la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs por Luchar, que organizó un masivo festival en Plaza Mayo del cual Izquierda Socialista es parte, seguiremos impulsando apelaciones, acciones y campañas por la libertad de los dos detenidos que quedan, y el cierre de todas las causas.


 

Por falta total de garantías el 21 de mayo la defensa de Laura Villalba reclamó la suspensión del juicio por el que se la acusa de terrorismo. Laura está presa en Asunción del Paraguay desde 2020. Luego de no haber aceptado los testigos presentados por la defensa y de haberle realizado a la acusada la toma compulsiva de un mechón de cabellos para un estudio de ADN en su celda, sin mediar la información previa a sus defensores ni su consentimiento, violando toda la legislación vigente, la jueza María Luz Martinez, titular del tribunal pretendió dar comienzo al juicio. La verdadera causa de su encarcelamiento es que es testigo del secuestro de su hija y sobrina de 11 años en ese país por las fuerzas militares de Paraguay que aparecieron luego asesinadas. Además, su detención se produjo cuando buscaba a su sobrina Lichita de 14 años que está desaparecida desde ese mismo año.

El gobierno de Milei y la justicia argentina se han involucrado en esta aberrante persecusión a la familia Villalba cuando recientemente en un operativo violatorio de toda la legislación vigente en relación a la institución internacional de refugio de perseguidos políticos, la ministra Mondino dio curso al pedido de extradicción de Paraguay en lugar de rechazarlo, la justicia ordenó el allanamiento a la madrugada de las casas donde habitaban la madre de Laura, dos de sus hermanas y sus sobrinos, todos menores, para su supuesta extradicción a Paraguay. La actuación del ejecutivo, la justicia y la policía argentina mereció la condena de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lo que motivó que no fueran extraditadas y se respetara su condición de refugiados. La persecusión a la familia Villalba es una represalia contra miembros de su familia que pertenecen a organizaciones armadas que reivindican derechos de campesinos que están siendo expulsados de sus tierras por el avance de empresas agrícolas.

Ante la negativa de la jueza de suspender el juicio, Salvador Sanchez, el abogado defensor recursó al tribunal. Desde Argentina, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA autónoma en Buenos Aires, una serie de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, Ademys y del Partido Obrero e Izquierda Socialista, reclamaron por la libertad de Laura Villalba y de Carmen Villalba, (esta última permanece presa luego de haber cumplido una condena de 20 años), justicia para las niñas asesinadas y aparición con vida de Lichita.

Corresponsal